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Ante la Asamblea General de SGAE del 24 de junio de 2019

Informe en relación con el incumplimiento por parte de la SGAE de los requerimientos del Ministerio de Cultura y las recomendaciones de la CISAC, y con la Asamblea General de SGAE del 24 de junio de 2019

  • Sobre el incumplimiento de las recomendaciones del Equipo de Revisión de la CISAC y su lógica expulsión.

Tras la lógica y esperada decisión de la CISAC de sancionar a la SGAE con un año de expulsión, y a la espera de que se autorice la intervención de la misma por parte del Ministerio de Cultura y Deporte, queremos aclarar lo siguiente:

Los actuales órganos de gobierno de la SGAE han ignorado las recomendaciones realizadas por la CISAC relativas a la gobernanza de la entidad, a la creación de un órgano de control, a la elección de una Junta Directiva equilibrada que represente a los diferentes grupos de titulares de derechos, a los sistemas de documentación y registro de obras, a la necesaria modificación de su normativa para definir con mayor exactitud lo que constituye Música Sinfónica, al reparto de derechos para que cumpla íntegramente con las normas profesionales y normas vinculantes de la CISAC, o a la aprobación de un Código de Conducta que regule lo posibles conflictos de intereses entre la plantilla de SGAE y los miembros de la Junta Directiva.

No puede extrañarnos la sanción de CISAC, ya que la Junta Directiva ha sido incapaz de cumplir con sus exigencias, y realizar los desarrollos técnicos y los cambios reglamentarios necesarios para garantizar el cumplimiento de las reglas profesionales para las sociedades miembro de la Confederación.

 

  • Sobre la solicitud del Ministerio de Cultura y Deporte de España para proceder a la remoción de los órganos de representación de la SGAE y su intervención temporal

El pasado marzo, la CISAC remitió un informe al Ministerio de Cultura y Deporte exponiendo su decisión de avanzar en el proceso de expulsión de la SGAE y aconsejando «la urgente intervención pública temporal para evitar el desmoronamiento de la entidad española», aclarando que si el Gobierno intervenía la SGAE, ya no sería necesaria una sanción de la CISAC.

Sin embargo, la Junta Directiva de la SGAE no sólo ha ignorado las recomendaciones de la CISAC, sino que ha hecho caso omiso de los requerimientos realizados por el Ministerio de Cultura y no han actuado con la debida diligencia con los responsables del caso de “La Rueda”.

La SGAE continua sin cumplir ninguno de los requerimientos, y a pesar de los comunicados y las declaraciones de su Presidenta, ninguno de los problemas ha sido resuelto.

  1. La SGAE continúa sin adaptar sus Estatutos a la legislación vigente.

Tanto en junio, bajo la presidencia del Sr. Fernández Sastrón, como en diciembre siendo presidente Sr. Hevia, se presentaron sendas propuestas de Estatutos pero la asamblea de socios los tumbó y puede volver a tumbarlos en la próxima Asamblea.

  1. La Junta Directiva ha sido constituida mediante un sistema que no ha permitido el voto electrónico.

El apercibimiento ministerial de junio del 2018 amenazaba de intervención si no se habilitaba el voto electrónico en las siguientes elecciones y no se hizo, de modo que aún existe el incumplimiento ya que no se han celebrado ni se han convocado otras elecciones, ni da la impresión de que haya intención de hacerlo, ya que la pretensión de la actual Junta es la de cubrir exclusivamente los cuatro puestos vacantes en el colegio editorial.

  1. Los repartos realizados en 2018 no se ajustan a la ley y deben ser revertidos.

Los repartos de los derechos por la comunicación pública de obras de su repertorio en televisión, realizados en junio y en diciembre de 2018 no cumplen con lo establecido en la Ley de Propiedad Intelectual.

El 14 de abril de 2018 entraba en vigor el Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril, que establecía que las normas de reparto deberán ser ratificadas por la Asamblea General.

Sin embargo, el 4 de junio de 2018, la Junta Directiva presidida por Fernández Sastrón, acordó eliminar el límite existente en ese momento para la franja nocturna, asignando a dicha franja más del 20% en el reparto celebrado días después, sin olvidar que en mayo se subió la valoración de algunas modalidades como sintonías o caretas, a pesar de que el Ministerio envió a la SGAE un requerimiento donde advierte que la Asamblea debe ratificar las modificaciones de su Reglamento de reparto y le recuerda que el reparto de derechos del mes de junio tiene que efectuarse conforme al sistema de reparto en vigor a fecha 14 de abril de 2018.

Tras las elecciones de octubre, La Junta presidida por Hevia acuerda realizar el reparto de diciembre en los mismos términos que el de junio y los socios rechazaron el mismo en la Asamblea celebrada el 27 de diciembre, sin que el reparto haya sido subsanado.

La Junta presidida por Pilar Jurado no ha acatado la decisión de la Asamblea ni ha aplicado la ley, al no revertir los repartos de 2018, ignorando que tanto el reparto correspondiente al mes de diciembre como el realizado en el mes de junio deben revertirse conforme establecía el reglamento de SGAE vigente el 13 de abril de 2018.

Sin entrar a valorar otros aspectos de su presidencia, como ceses y nombramientos de cargos directivos –con sus respectivas indemnizaciones y blindajes– o los desorbitados gastos en dietas; es evidente que la SGAE no ha subsanado ninguno de los requerimientos, y debemos confiar que la Audiencia Nacional se pronuncie lo antes posible para autorizar la intervención del Ministerio, única posibilidad de regenerar la SGAE y reconvertirla en una entidad de gestión de derechos eficaz y transparente. 

 

  • Sobre la Asamblea General de SGAE del 24 de junio de 2019

Una vez demostrada la incapacidad de la actual Junta para solucionar los problemas y evitar la expulsión de los organismos internacionales, se convoca una Asamblea General sin haber cumplido aún ninguno de los requerimientos del Ministerio.

No podemos olvidar que la actual Junta Directiva ha sido elegida sin respetar los derechos legales de los socios a votar electrónicamente, lo que fue motivo de la retirada de numerosos candidatos en las últimas elecciones, y por ello la Junta no representa a los diferentes grupos de socios y titulares de derechos como pide CISAC. Sin embargo, los miembros de la Junta se aferran a sus sillones y a sus dietas negándose a convocar nuevas elecciones que puedan dar estabilidad a la entidad.

La Junta sigue sin revertir los repartos de 2018 y no ha consultado a los socios ni en la Asamblea del 21 de junio de 2018, ni en la de diciembre del mismo año ni va a hacerlo en la del próximo día 24 sobre el reparto de junio donde se suprimió el límite de la franja nocturna.

A cambio incluyen en el orden del día que se apruebe el mandato para actuar en el procedimiento incoado por la SGAE contra el Ministerio de Cultura y Deportes y evitar así la destitución de los órganos de representación de la SGAE y su intervención temporal, es decir que nos piden que salvemos sus puestos y sus prebendas.

No podemos reconocer a una Junta Directiva elegida sin respetar los derechos de los socios y, en un acto de coherencia, no podemos aprobar sus propuestas.

Hemos llegado a un punto donde no hay ninguna esperanza de que la Junta dimita y convoque nuevas elecciones. La presidenta de la SGAE, Pilar jurado, ha manifestado que aunque los socios no apoyen su reforma estatutaria va a pelear “hasta las últimas consecuencias”.

Sólo nos queda confiar en la pronta resolución de la Audiencia Nacional, autorizando al Ministerio a que intervenga temporalmente la SGAE y para ello debemos mostrar nuestra preocupación ante la sociedad y ante la Justicia, dejando claro nuestro disconformidad con los responsables de la SGAE.

Por ello consideramos fundamental votar NO a todas las propuestas del orden del día como única manera de acelerar el proceso en defensa de nuestros derechos.

 

  • Sobre las posibles alternativas a la SGAE
  1. Situación económica de la SGAE

La sociedad tiene riesgos fiscales y legales significativos e importantes compromisos asumidos con Fundación SGAE, en su condición de Patrono Fundador que supondrán salidas significativas de tesorería para atender los diferentes pagos.

Además no tiene dotada una provisión de fondos suficiente para atender las inspecciones y actas fiscales.

Como señala el informe auditor emitido por Ernst & Young, “La viabilidad futura de la sociedad dependerá en última instancia de la capacidad de la misma para reducir sus costes operativos y/o para incrementar sus ingresos por recaudación, que constituirán a futuro la práctica totalidad de los ingresos de la sociedad.”

Problemas estructurales y financieros de la SGAE:

  • Deuda de Arteria: 40 millones de euros.
  • Riesgo financiero: 60 millones de euros.
  • Coste de mantenimiento. Supera los 60 millones:
    • Gastos de personal: Aumenta en 2019 de 30 a 39 millones de euros.
    • Remuneración cargos de la Junta: Supera el millón de euros.
    • Gastos servicios exteriores: 24 millones de euros.
  • Multas de la CNMC: 6 millones
  • Posibles sanciones de Hacienda (IVA)

Los ingresos por descuentos de administración para hacer frente a estos gastos no alcanzan los 40 millones y la ley ya no permite que se utilice un sospechoso pendiente de identificar para cubrir estos gastos.

A esto habría que añadir el coste de una necesaria renovación tecnológica para adaptar la SGAE al siglo XXI y una restructuración de plantilla con un salario medio de 60.000€. Esto es algo totalmente desproporcionado para los ingresos de la sociedad. Actualmente hay 443 trabajadores en plantilla y más de 200 trabajadores externos. La restructuración puede suponer unos 50 millones de euros.

2. Situación política de la SGAE

Los miembros de la actual Junta Directiva guardan una estrecha relación con las editoriales de televisión. La mayor parte de sus ingresos provienen de derechos generados en la franja nocturna y pretenden perpetuar los intereses de la Rueda, en perjuicio del resto de los socios.

La situación solo puede ir a peor y la regeneración de la SGAE se presenta no solo complicada, sino prácticamente inviable, salvo que se produzca la intervención.

Las relaciones entre los Colegios de Música con los de Audiovisual y Gran Derecho son muy complejas y existen intereses enfrentados. De hecho, los vicepresidentes de Audiovisual y Gran Derecho han pedido que durante la próxima legislatura se proceda a la segregación de los colegios de Gran Derecho y Audiovisuales en una nueva entidad que defienda exclusivamente los derechos de los dramaturgos, guionistas, directores, músicos de teatro, cine y televisión y coreógrafos.

Independientemente de la decisión judicial sobre la intervención, el Ministerio podría revocar la autorización para operar si la SGAE no cumple con los requerimientos, en cuyo caso debería facilitarse la creación de una nueva entidad o podría darse una huida masiva de autores españoles a entidades extranjeras.

A este respecto, nos consta que un importante grupo de autores ha iniciado el proceso para crear una nueva entidad de gestión, que gestione los derechos de autor de obras musicales, incluidas las obras musicales para audiovisual y artes escénicas.

Puede que esta sea la solución, la creación de una nueva entidad de gestión moderna, transparente y libre de hipotecas que gestione los derechos de autor de obras musicales y que garantice:

  1. Un sistema de reparto de derechos acorde y proporcional al uso y a la repercusión de las obras.
  2. La plena transparencia y profesionalización en la gestión.
  3. Una representación justa de los socios en los órganos de control y gobierno.

Una entidad que nazca sin problemas de convivencia y libre de hipotecas, cargas o deudas. Una entidad en la cual en los repartos de derechos prime la correcta identificación de las obras utilizadas, donde el nivel de audiencia y el volumen de ingresos que genere prime sobre cualquier otra valoración a la hora de establecer el sistema de reparto, de manera que este sea proporcional a la utilización de sus obras y a la recaudación que contribuyan a generar para la entidad de gestión, tal como establece la Ley de Propiedad Intelectual.

 

  • Sobre la resolución de la CNMC

La CNMC -Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia- resolvió el pasado 30 de mayo que la SGAE viene ejerciendo un abuso de posición dominante en los mercados de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual de autores y editores de obras musicales y audiovisuales mediante la restricción injustificada de la atribución parcial de gestión de derechos a la SGAE como de la revocación o retirada parcial de la gestión de los mismos a lo largo de la vigencia de los contratos de gestión, especificando que el artículo 14 de los Estatutos de la SGAE ha restringido de manera injustificada la libertad de sus socios para atribuir la gestión de todos o parte de sus derechos a otras entidades y operadores.

La SGAE ha sido multada con 2.949.660 euros y se le ha indicado que en el futuro se abstengan de realizar conductas semejantes, abriendo la puerta a que aquellos socios que lo deseen puedan llevar a cabo una retirada parcial de derechos.

A esta sanción hay que sumar otra multa de 3,1 millones de euros por «abusar de su monopolio e imponer condiciones abusivas a los promotores musicales».

 

  • Conclusiones

1.- Apoyamos la necesaria intervención del Ministerio de Cultura como única vía posible de proteger y ayudar a los creadores españoles, a la propiedad intelectual y a los derechos de autor; intervención que además garantizaría la suspensión de la sanción de la CISAC.

2.- Recomendamos votar NO a todas las propuestas del orden del día de la Asamblea del 24 de junio, como acto de coherencia y como única manera de poner fin a una situación insostenible.

3.- Informamos que aquellos socios que lo deseen pueden comunicar a la SGAE la revocación del mandato conferido a la misma para la administración de sus derechos de manera total o parcial, especificando aquellos categorías de derechos que consideren oportuno.

Para que esta retirada de derechos pueda ser efectiva a partir del 1 de enero de 2020, debe comunicarse a la SGAE antes del 30 de junio de 2019, reservándose el socio el derecho a confirmar o revocar dicha retirada hasta el 31 de diciembre de 2019.

Si no se procede con determinación pondremos en grave peligro el futuro de la gestión colectiva en España.

 

11 de junio de 2019

          Coalición Autoral, CoA

  

 

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