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EL PROBLEMA DE LAS MEDIAS VERDADES

EL PROBLEMA DE LAS MEDIAS VERDADES

Parece ser que el resumen del informe elaborado por Coalición Autoral sobre la llamada “Rueda de las televisiones” no ha sentado bien a algún consejero de SGAE que ha arremetido públicamente en una página web de dudosa fiabilidad -con la que CoA no guarda ninguna relación- y que parece estar formada, según dicen ellos mismos, “por socios autores de SGAE que siguen estando alucinados con la actual dirección”. Curioso sitio ha utilizado para responder , señor consejero.

Este consejero sostiene que la “versión difiere bastante de la realidad” y pide a quien considera el autor del informe que “contraste las informaciones que ofrece a sus asociados”, reclamándole además “que maneje con mas precisión los términos que utiliza en su desarrollo” pues “como debería saber, no se detectó irregularidad alguna en el reparto por parte de los servicios técnicos”.

Resulta curiosa esta afirmación y le pediríamos que contrastase sus afirmaciones, ya que el pasado 13 de Marzo de 2013 en la web de SGAE podía leerse lo siguiente:

“El Consejo de Dirección de final de marzo analizará una propuesta de la Presidencia que atiende a la solicitud de nuestros servicios técnicos, que, después de una concienzuda investigación de las últimas recaudaciones, detectan indicios de irregularidades en las liquidaciones y registros de algunos socios”.

Conviene aclarar que decimos “podía leerse” porque, misteriosamente, esta carta ha desaparecido o ha sido eliminada de la web de SGAE.

Afirma el consejero que la aplicación de la reforma del reglamento -concretamente del artículo 202, cuya confusa redacción permitía declarar como ejecución humana lo que eran meros fondos musicales-, aprobada por el Consejo con fecha 9 de Mayo “no se ha retrasado en absoluto”.

Quizás debería informarse y consultar las Actas, de libre acceso para todos los socios, ya que en julio el Consejo de Dirección atendiendo al informe elaborado por el prestigioso jurista Sánchez Aristi, encargado por el propio Consejo y pagado con el dinero de todos los socios, y a la recomendación de los Servicios Jurídicos de SGAE, aprueba la aplicación de las nuevas tarifas a partir de diciembre de 2013, de manera que todos los fondos musicales serán pagados como fondos musicales, ya que se establece que:

“cuando la ejecución humana resulte meramente secundaria e incidental, tendrá la consideración de Fondo Musical y a efectos de valoración y tratamiento se aplicará lo previsto en el Grupo B, Apartado 5.4 del presente Artículo 202 del Reglamento” , teniendo en consecuencia una valoración de 1.7 puntos, en lugar de 30 puntos.

A continuación el consejero escribe: “Lo que parece ignorar es la diferencia entre el hecho de la emisión, la recaudación de los derechos generados por la misma y el momento del cobro de los mismos por parte de los socios.” Para continuar “Los derechos generados por la emisión de Julio a diciembre de 2013, es decir, la inmediatamente posterior a la reforma, no serán cobrados por los socios hasta junio de 2014, según establece nuestra normativa, aprobada por los socios de esta entidad un día que, parece ser, usted no asistió a “clase”.

Dejando a un lado el tono chulesco con que finaliza y entrando en el fondo de la cuestión, esa supuesta retroactividad en la que se escuda el consejero, no existe. El informe jurídico es taxativo, claro y contundente a este respecto cuando explica que no se trata de aplicar una modificación sino que estaríamos ante una interpretación de un texto que por su carácter ambiguo la hace necesaria:

“la modificación acordada constituye una simple aclaración o precisión de algo que ya estaba implícito en el Reglamento SGAE, a saber, que puede haber casos de ejecución humana encuadrables, a efectos de valoración, en el epígrafe de “fondos musicales”, y que esos casos se corresponden con aquellas situaciones en las que las ilustraciones musicales utilizadas para acompañar una imagen televisada, distintas de las caretas y sintonías, por más que su ejecución se realice en vivo, no compartan realmente el protagonismo ante el telespectador, por resultar la ejecución humana meramente secundaria e incidental. No se trata de una auténtica innovación, sino de una puntualización, aclaración o interpretación de algo que estaba implícito en la norma anterior, cuya redacción no era muy diferente de la resultante tras la modificación. Cuando una modificación normativa tiene por finalidad la aclaración o especificación de la norma en su versión anterior, no cabe plantear que nos hallamos ante una aplicación retroactiva de la modificación, porque en realidad es la norma preexistente, ahora con la matización, la que

Y añade que:

“ no es problemático que la nueva norma se proyecte sobre efectos futuros o pendientes de consumar, por más que estén ligados a hechos acaecidos con anterioridad a su aprobación, al tratarse de lo que podríamos llamar meras expectativas, más propias de las relaciones de tracto sucesivo o de situaciones que necesitan del concurso de un evento futuro para dar lugar a una plena consumación. “

Además el informe aclara que, en cualquier caso:

“por tratarse de ilustraciones musicales secundarias e incidentales que no comparten ante el espectador el mismo protagonismo de las imágenes televisadas a las que acompañan, resulta posible aplicar la doctrina jurisprudencial de la retroactividad.”

Parece ser que el consejero no asistió a clase o no hizo los deberes, por expresarlo a su estilo, antes de emitir su voto.

Siguiendo con su respuesta a nuestro informe, el consejero matiza “que no fue una parte, sino todos los representantes de PD en el consejo los que se opusieron a una aplicación retroactiva, de cuyo riesgo nos advirtió el propio director de los servicios jurídicos cuando se le exigió su opinión, y que fueron 13 de los representantes de PD en la Junta Directiva, de los 15”.

Esto sí que son medias verdades; bueno, ni siquiera medias, se queda en verdades al 33%. Porque esto es todo lo que hay de cierto en su afirmación. Cuando el responsable de los Servicios Jurídicos de Sgae es consultado sobre el riesgo que

entrañaría la aplicación de esta decisión, en referencia a una hipotética demanda judicial por parte de los que pudieran sentir afectados, el abogado expone su valoración de ese riesgo, que es la siguiente: Las posibilidades de ganar esa demanda, si es que se produce, son muy superiores a las de perderla, concretamente de un 67% contra sólo el 33%.

Deberíamos recomendarle al consejero que consultase las Actas, de libre acceso para todos los socios donde este dato está perfectamente reflejado.
También deberíamos aconsejarle que no haga tantos novillos y asista a clase de matemáticas, ya que resulta curioso que todos sean 13, cuando los representantes de PD son 16.

Más adelante dice el consejero que no han existido presiones ni concesiones, “mas allá de la aplicación del sentido común y del conocimiento de un mecanismo de reparto que usted, evidentemente, desconoce”. Parece ser que este consejero es el único entre todo el colectivo autoral que no está al tanto de la reunión mantenida el día 11 de Septiembre por el presidente de SGAE con conocidos responsables de ciertas cadenas de televisión donde se advirtió de la posibilidad de un “corte de pagos” si la norma se aplicaba en diciembre. También parece desconocer que en nuestra entidad la norma general siempre ha sido aplicar los cambios o modificaciones en el sistema de reparto a partir del momento de su aprobación, y por otro lado, enfrentarse judicialmente si llegara el caso a todo cliente que se niegue a pagar lo que estipula la ley.

Por último afirma que, “ni este Consejo, ni esta JD, han favorecido interés alguno que no sea el de nuestra entidad y sus socios.”
¿De que socios estamos hablando? Evidentemente no de esa gran mayoría que ven desconcertados como Sgae no se atreve a hacer un reparto justo, legal y equitativo, aplicando correctamente las normas del reglamento. Resulta al mismo tiempo sumamente extraño que los miembros de la Junta no apliquen el reglamento interno (Art. 50, Título III) que conmina a evitar que miembros de la Junta que pueden estar afectados en la independencia de sus decisiones por un conflicto de intereses, participen en esa votación. Esos cargos deberían haberse abstenido, insistimos, por un claro y evidente “conflicto de intereses”, ya que sus ingresos, tanto directos (provenientes de las liquidaciones) como indirectos (si participan o son socios en empresas relacionadas con las programaciones televisivas) se podrían ver sustancialmente alterados .

Mucho nos tememos que entre los representantes de Pequeño Derecho hay varios en esa situación. Y el señor consejero bien lo sabe. Tan bien lo sabe que parece un iceberg, ocultando más de lo que enseña.
El problema de las medias verdades, con las que ha pretendido rebatir nuestro informe, es que son la peor de las falsedades. Por otro lado, en relación al tono de su discurso, confiamos que, a partir de ahora se aleje de las formas que ha exhibido en su escrito, pues no parece razonable que un representante se dirija a aquellos a los que se supone que representa, utilizando términos tan despectivos y groseros como los que han adornado sus “verdades”.

Coalición Autoral.
27 de septiembre de 2013

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