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¿Medias verdades o mentiras arriesgadas? Aclaraciones al Comunicado de la SGAE del 26 de mayo

¿Medias verdades o mentiras arriesgadas?

Aclaraciones al Comunicado de la SGAE del 26 de mayo

 

El martes 26 de mayo la SGAE celebró una Junta Directiva extraordinaria con un orden del día cargado de puntos, 17 nada menos.

El motivo era la urgencia de tomar decisiones antes de la Asamblea General de la CISAC a celebrar esta semana, en un intento desesperado de ser readmitidos en el seno del organismo internacional.

El mismo día 26, los socios recibimos un comunicado anunciando la celebración de elecciones el 22 de octubre y afirmando con el mayor de los descaros que “La institución recupera la normalidad tras la aprobación de los estatutos por parte del Ministerio de Cultura y el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por la CISAC”.

El comunicado empezaba con el siguiente párrafo: La Junta Directiva de la Sociedad General de Autores y Editores, SGAE, reunida en el día de hoy, ha resuelto convocar elecciones el próximo 22 de octubre de 2020. Esta decisión responde al deseo de restablecer la normalidad en la institución, tras la reciente aprobación de los estatutos por parte del Ministerio de Cultura.  Comienza así una nueva etapa para el colectivo autoral.” 

Varias noticias importantes. Por un lado se convocan elecciones, tras dos años de requerimientos y reclamaciones tanto del Ministerio de Cultura como de la CISAC y de un número importante de socios que no reconocieron las elecciones celebradas el 26 de octubre de 2018. Por otro se nos informa que el Ministerio de Cultura ha aprobado los Estatutos que la Asamblea de SGAE aprobó el pasado 30 de enero. También se nos anuncia que se han cumplido todos los requisitos exigidos por la CISAC. No queda ahí la cosa, la siguiente frase no tiene desperdicio: “La SGAE recupera la normalidad” ¡Magnifico! ¡Esto es increíble! ¿Alguien da más?

Tranquilos, no nos emocionemos, que como tantas otras veces parece que aquí hay gato encerrado.

Vayamos por partes y analicemos el comunicado con calma para ver si es cierto que se han cumplido todos los requisitos exigidos por la CISAC, que los Estatutos que la Asamblea de SGAE aprobó el pasado 30 de enero han sido ratificados por el Ministerio de Cultura, qué motivos existen para convocar las elecciones en la fecha elegida y en que consiste “recuperar la normalidad”.

 

  • Sobre la SGAE y la CISAC

Hagamos un poco de historia.

En abril de 2018, la CISAC, la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, que engloba las entidades de gestión de todo el mundo; preocupada por las actividades de la SGAE, incluyendo, entre éstas, el trato discriminatorio de titulares de derechos y la aplicación de procedimientos de reparto de manera no equitativa, hizo llegar a la SGAE un informe con una serie de recomendaciones para los cambios necesarios en relación con las normas de gobernanza, los estatutos y los procedimientos de reparto de la entidad. La CISAC pedía que se aplicaran medidas adecuadas y concretas para cumplir con los 17 puntos de acción identificados sin que la SGAE hiciera nada al respecto,

En el demoledor informe de la CISAC, se concluye que SGAE no actúa buscando el bien común, que el sistema de reparto de SGAE no cumple con las reglas profesionales de la CISAC, y que SGAE no ha hecho lo necesario para atajar e fraude de “la Rueda”, exigiendo la aprobación de unos nuevos estatutos adaptados a la ley y la realización de importantes desarrollos técnicos y cambios reglamentarios necesarios para garantizar el cumplimiento de las reglas profesionales para las sociedades miembro de la Confederación. Se pedía también, que todas estas reformas tuviesen el pleno respaldo de la Asamblea de la SGAE y que fuesen llevadas a cabo, “realmente”, por parte de los órganos de gobierno de la entidad.

En diciembre de 2018, a la vista de la falta de progreso por parte de SGAE en relación con los requerimientos exigidos, la CISAC anunció la apertura de un procedimiento sancionador.

El jueves 30 de mayo de 2019 la Asamblea General de la CISAC, ante la inacción de la SGAE para atajar los problemas mencionados, acordó la exclusión temporal de la entidad española, si bien dejó abierta la posibilidad de «levantar o ajustar la sanción en caso de que la SGAE adopte voluntariamente y haga un progreso sustancial» en los 17 puntos requeridos, o también «en caso de que los tribunales permitan una administración temporal en la SGAE», es decir, que el juez autorizase la intervención solicitada por el Ministerio de Cultura.

Un año más tarde, el 26 de mayo de 2020, la SGAE anuncia la aprobación de medidas para adaptar el funcionamiento de la entidad a las normas y estándares internacionales de la gestión colectiva. En el mismo comunicado la Junta Directiva de la SGAE presume de haber trabajado en este último año, para mejorar sus prácticas en consonancia con los requisitos exigidos por CISAC con el objetivo de volver a ser miembro de pleno derecho de CISAC.

Sin embargo, la CISAC entiende que no se han corregido los puntos requeridos y dos días más tarde, el 28 de mayo de 2020, la Asamblea General de la CISAC ha prorrogado la exclusión de la SGAE y, al igual que un año antes, ha acordado que la sanción podrá ajustarse o levantarse, siempre que el Consejo de Dirección de la CISAC considere que se ha logrado el suficiente progreso para aplicar los requerimientos exigidos.

La Junta Directiva de la SGAE o falta a la verdad o miente, cuando anuncia el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por la CISAC.

Lo único cierto es que la SGAE sigue expulsada de la CISAC y no se vislumbra su readmisión a corto plazo.

 

  • Sobre la aprobación de los Estatutos

El comunicado de la SGAE señala que la decisión de convocar elecciones responde “al deseo de restablecer la normalidad en la institución, tras la reciente aprobación de los estatutos por parte del Ministerio de Cultura”, lo que da a entender que el Ministerio ha aprobado los Estatutos de la SGAE.

 Y efectivamente, el pasado 13 de mayo el Ministerio de Cultura dictó resolución y resolvió aprobar la modificación de los estatutos de Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), aprobada por su asamblea general el día 30 de enero de 2020, pero a la Junta Directiva de la SGAE se le olvidó comunicar a lo socios una pequeña nimiedad: que quedan excluidos de tal aprobación algunos artículos, por lo que se trata de una aprobación parcial de los Estatutos.

 

¿Algunos artículos?

Digamos que bastantes, si entendemos que 31 son bastantes.

Vale, pero ¿Importantes?

Digamos que muy importantes, ya que esos artículos se refieren al Contrato de Gestión, a las categorías de derechos y formas de explotación establecidas por SGAE, al descuento de administración, a los derechos de los socios, al sistema electoral, a la Comisión de Supervisión, a la identificación de obras, al sistema de reparto de derechos, a los recursos de la Entidad, a la Auditoria de Cuentas e, incluso, al sueldo del Presidente.

¿Al sueldo del Presidente? ¿Sólo del Presidente?

Sí, sólo del Presidente. Los demás miembros de la Junta Directiva no tienen sueldo. Cobran dietas, millonarias, pero dietas.

¿Y los motivos para no aprobar esos artículos?

Debemos recordar, tal y como indica el Ministerio en su resolución, que la SGAE debió haber adaptado sus estatutos al nuevo TRLPI antes del 15 de julio de 2018. “Por este incumplimiento grave, junto a otros, del TRLPI, el Ministro de Cultura y Deporte apercibió a la SGAE el 27 de septiembre de 2018 con carácter previo a la revocación de su autorización para operar como entidad de gestión en España, de conformidad con el artículo 149 del TRLPI”.

 La modificación realizada dos años más tarde por la SGAE no ha sido capaz de cumplir su objetivo de adaptarlos a la legislación vigente y el Ministerio, aunque ha resuelto aprobarlos parcialmente, advierte lo siguiente:

  1. Algunas modificaciones realizadas son “contrarias a los requisitos legales establecidos en la LPI”.
  2. Hay artículos de los estatutos de la SGAE que “no son conformes con el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, y no han sido modificados” para adaptarlos a la ley.

Es decir, que la modificación estatutaria que la actual Junta Directiva de SGAE elaboró, redactó y aprobó para que fuese votada en la Asamblea General de SGAE celebrada el pasado 30 de enero, contrariamente a lo que se nos intenta hacer creer, no cumple su objeto principal, que no era otro que la adaptación de los estatutos al nuevo marco normativo establecido en la LPI.

¿Y ahora qué va a pasar?

Ahora hay que modificar, o suprimir en su caso, los artículos que ha indicado el Ministerio en su resolución. Por un lado los artículos modificados por la SGAE que no cumplen los requisitos legales establecidos en el TRLPI y por otro, aquellos artículos que, a pesar de no cumplir esos requisitos legales, no fueron modificados por la SGAE.

 

  • El Ministerio exige realizar, a la mayor brevedad posible, las siguientes modificaciones estatutarias:
  1. Artículos no aprobados por el Ministerio por ser contrarios a los requisitos legales establecidos en la LPI:

 

  • Referente al Contrato de gestión:

Los Estatutos de las entidades de gestión deben especificar que la encomienda por el titular debe basarse en un «consentimiento explícito para cada derecho, categoría de derechos o tipo de obra», pero los de la SGAE no lo hacen.

La SGAE debe incluir en sus estatutos la regulación de las condiciones para el ejercicio del derecho del miembro a conceder autorizaciones no exclusivas para el ejercicio no comercial de los derechos encomendados a la entidad de gestión.

La SGAE debe modificar el diseño de las categorías de derechos que figuran en sus estatutos y establecer tantas categorías de derechos como modalidades de derechos reconoce la ley.

Respecto al derecho de comunicación pública, ninguna de las categorías de los Estatutos de la SGAE es conforme con el TRLPI.

En cuanto al derecho de reproducción, las categorías establecidas tampoco son conformes con el TRLPI por su insuficiente desagregación en relación con el carácter (interactivo o no) y el ámbito territorial (mono o multiterritorial) del servicio.

En cuanto a los derechos de remuneración, la categorización única efectuada no es suficiente para cumplir con lo requerido por el TRLPI.

 

  • Referente a la Revocación del contrato o Retirada de derechos

Según el Ministerio, la modificación estatutaria de la SGAE introduce una condición para el ejercicio del derecho de revocación desproporcionada y que dificulta e incluso restringe el ejercicio del derecho de revocación por los miembros de la SGAE, incumpliendo además la Directiva 2014/26/UE que especifica que “los titulares de derechos deben poder retirar fácilmente dichos derechos o categorías de derechos de una entidad de gestión colectiva”.

 

  • Referente al descuento de administración

La reforma realizada permitiría a la SGAE aplicar a aquellos socios que no encomienden la gestión de todos sus derechos (bien al formalizar el contrato de gestión, bien después de una retirada parcial de derechos) un descuento de gestión mayor al que aplica a aquellos miembros que sí lo hagan, y esta posibilidad no es conforme con el TRLPI, pues los descuentos de gestión no deben superar los costes justificados y documentados en los que haya incurrido la entidad de gestión en la gestión de dichos derechos.

El Ministerio pone como ejemplo el caso de los autores que explotan sus derechos mediante licencias creative commons, esencialmente gratuitas salvo cuando media un fin comercial, y en las que los titulares expresamente dejan a salvo de la licencia los derechos sujetos a gestión colectiva obligatoria, como son los derechos por copia privada. En estos casos, si los autores acudieran a reclamar los derechos que la SGAE les ha recaudado en su nombre porque así lo estipula el TRLPI, además de soportar el descuento ordinario como el resto de miembros que le encomiendan todos sus derechos, sufrirían un descuento mayor por no encomendarle el resto de derechos.

 

  • Referente al derecho al sufragio activo y pasivo.

 La redacción de los Estatutos realizada por la SGAE, contrariamente a lo que establece la ley, no reconoce el derecho de sufragio activo –derecho a voto- a todos sus miembros y el Ministerio ha modificado directamente el artículo 22.1 para que todos puedan “participar en las actividades de la asociación y en los órganos de gobierno y representación, a ejercer el derecho de voto, así como a asistir a la Asamblea General”.

Para poder ejercer el sufragio pasivo -ser candidato en unas elecciones-, la SGAE exige tener la totalidad de los derechos gestionados por la Sociedad, lo que el Ministerio no ha aceptado, ya que condiciona tanto la libertad del socio para determinar la amplitud de su repertorio cuya gestión encomienda a la SGAE a la suscripción del contrato de gestión, como el ejercicio del derecho de revocación total o parcial del contrato de gestión, concluyendo que el ejercicio de un derecho reconocido por la ley no puede impedir, en ningún caso, el ejercicio de otro derecho reconocido también por la ley.

 

  • Referente a la pérdida de la condición de socio.

 La modificación estatutaria regula una nueva causa de perdida de la cualidad de socio que deriva de la ausencia de recaudación en los últimos cinco años.

El Ministerio no aprueba tampoco esto y señala en su resolución que “cuando un autor adquiere la membresía de la SGAE no se le exige como requisito el que sus obras estén produciendo rendimientos económicos en el ejercicio de ingreso o en los últimos cinco años anteriores”, pues “su exigencia sería claramente discriminatoria y conculcaría lo dispuesto en el artículo 159.d) del TRLPI”. Del mismo modo, la modificación introducida por SGAE es un criterio discriminatorio para la pérdida de la condición de socio, más si cabe que la causa puede derivarse de la demora en el pago por parte de los usuarios, o de la falta de diligencia en recaudación por parte de la propia entidad, etc.

 

  • Referente al sistema electoral

La modificación estatutaria introduce un nuevo sistema basado en la convocatoria de elecciones parciales a criterio de la propia junta directiva, pero siempre que sea la propia Junta la que estime que la eficacia de la gestión o el equilibrio intercolegial pueden verse afectados por dicha vacante.

El Ministerio resuelve que podrían celebrarse elecciones parciales, pero que la valoración de estas circunstancias no debe atribuirse a la propia Junta, sino a un órgano distinto (por ejemplo, a la comisión de supervisión de la SGAE).

 

  • Referente a la Comisión de Supervisión

 Los Estatutos de la SGAE exigen que los socios que formen parte de la comisión de supervisión hayan pertenecido previamente a la Junta Directiva, lo que no es conforme con el artículo 162 del TRLPI, ya que daría lugar a una evidente situación de conflicto de intereses que atentaría contra la independencia que se supone de este nuevo órgano de las entidades de gestión.

Además, tal y como indica el Ministerio, “da lugar a varias situaciones de trato discriminatorio a la que ya, por sí misma, produce la limitación personal que impone la modificación estatutaria. En primer lugar, se estaría limitando la pertenencia a la comisión de supervisión a, aproximadamente, un 0,26 por ciento de los socios de la SGAE. En segundo lugar, se daría lugar a la paradoja de que un miembro de la SGAE con derecho de sufragio pasivo tendría, a priori, más facilidades para ser presidente de la entidad que miembro de su comisión de supervisión. Y, por último, se estaría forzando a aquellos miembros de la SGAE que no hayan sido miembros de su junta directiva y que deseen formar parte de su comisión de supervisión a abandonar la entidad para después, y en su caso, ser nombrados miembros de dicha comisión vía su nombramiento como independiente”.

 

  • Referente a la elección de los miembros de la Comisión de Supervisión

Los Estatutos de SGAE establecen que los miembros internos serán elegidos a través de unos comicios electorales convocados por la Junta Directiva, lo que puede ir contra la finalidad de la Comisión, que es la de controlar la acción de la Junta Directiva.

El Ministerio advierte que “Al establecer la modificación estatutaria que la junta directiva podrá convocar elecciones a la comisión de supervisión, al menos, setenta y cinco días naturales antes de la finalización de su mandato, se le está otorgando un margen de discrecionalidad para proceder a dicha convocatoria que menoscabaría la independencia de la comisión de supervisión”, por lo que este artículo tampoco ha sido aprobado.

          2. Artículos contrarios al TRLPI pendientes de modificar

En su escrito de resolución, el Ministerio incluye además una serie de artículos de los estatutos de la SGAE que no han sido modificados y que son contrarios al TRLPI y, por lo tanto, deben ser modificados o suprimidos a la mayor brevedad posible. Mientras tanto, resulta de aplicación en su lugar lo regulado en el título IV, del libro Tercero del TRLPI.

 

  • Referente al Contrato de gestión.

La SGAE debe incluir en sus estatutos, a la mayor brevedad posible, la exigencia de que la encomienda por el titular debe basarse en un «consentimiento explícito para cada derecho, categoría de derechos o tipo de obra». Mientras tanto, los titulares de derechos que quieran firmar un contrato de gestión con la SGAE, tendrán derecho a exigir que, en el mismo, se prevea dicho consentimiento explícito de conformidad con el TRLPI.

La SGAE también debe incluir en sus estatutos la regulación de las condiciones para el ejercicio del derecho del miembro a conceder autorizaciones no exclusivas para el ejercicio no comercial de los derechos encomendados a la entidad de gestión.

 

  • Referente a la admisión de los socios

La SGAE pretende establecer reglamentariamente condiciones para ser socio que no estén estipuladas en los Estatutos, y el Ministerio le advierte que por ley las condiciones de admisión deben aparecer reguladas íntegramente en los estatutos y que, además, se incumpliría el requisito de transparencia, dado que las entidades de gestión no están legalmente obligadas a dar publicidad a sus reglamentos internos.

 

  • Referente a las obligaciones de los socios.

Los estatutos de la SGAE, al regular las obligaciones de los socios, establecen como tales las que les incumban en virtud de normas reglamentarias y acuerdos de los órganos de la SGAE, cuando la LPI determina como contenido mínimo obligatorio de los estatutos de las entidades de gestión “los deberes de los miembros y su régimen disciplinario”.

 

  • Referente a los votos en la asamblea general.

 La SGAE debe modificar su artículo 21.1 para reconocer el voto estatutario a todos sus miembros que sean titulares de derechos de autor u otros derechos de propiedad intelectual o que, en virtud de un acuerdo de explotación de derechos estén legitimados para percibir una parte de las cuantías generados por tales derechos. Mientras tanto, la SGAE debe reconocer el derecho al voto estatutario a dichos miembros en virtud de lo exigido en el TRLPI.

 

  • Referente a los derechos y obligaciones de los miembros no estatutarios o no socios y de los meros administrados.

El catálogo de obligaciones establecido en los Estatutos de la SGAE para los miembros no estatutarios o no socios y a los meros administrados, es más limitado que el de los miembros estatutarios, sin que existan motivo objetivos que justifiquen el trato distinto, por lo que el Ministerio resuelve que la SGAE debe suprimir el artículo 20, apartado 2, de sus estatutos.

 

  • Referente a la baja de un socio

El TRLPI no permite a una entidad de gestión imponer al miembro revocante ningún tipo de limitación a su condición de miembro de la entidad mientras esté en vigor el preaviso de revocación de contrato, sin embargo el artículo 27 de los estatutos de la SGAE contiene elementos que restringen injustificadamente el ejercicio del derecho de revocación del contrato de gestión, poniendo trabas a la «flexibilidad de los titulares de derechos en lo que respecta a la gestión de diferentes tipos de obras y otras prestaciones» y a la posibilidad de que estos puedan «elegir libremente la entidad de gestión colectiva encargada de la gestión de sus derechos».

Por lo tanto, la SGAE debe suprimir el segundo párrafo del artículo 27.2 de sus estatutos. Mientras tanto, los miembros estatutarios o socios de la SGAE que efectúen el preaviso regulado en el artículo 158.2 del TRLPI deberán mantener todos los derechos que le reconocen los estatutos de la SGAE durante el periodo de tiempo en el que esté vigente el referido preaviso.

 

  • Referente a la aprobación de las actas de la asamblea general y a la certificación de acuerdos adoptado

 La SGAE debe incluir en sus estatutos, el derecho de los «meros administrados» a solicitar a la SGAE una copia de las actas de la asamblea general, igual que el resto de los miembros de la SGAE.

 

  • Referente a la retribución del Presidente.

La SGAE establece que la retribución del Presidente será fijada por la Junta Directiva, privando de esta forma la capacidad que, conforme al TRLPI, le corresponde a su asamblea general.

El Ministerio resuelve que la SGAE debe suprimir ese artículo de sus estatutos. Mientras tanto, la retribución de la presidencia de la SGAE debe ser acordada por su asamblea general de conformidad con el artículo 160.1.c) del TRLPI.

 

  • Referente a los recursos económicos

 La SGAE considera desde 1995 como recursos económicos los rendimientos de las inversiones financieras y de los bienes de la sociedad, pero desde 2014, la LPI establece, por un lado, la obligación de mantener separados los derechos recaudados y los rendimientos que deriven de su inversión, de los activos propios de la entidad y los rendimientos que hayan podido producir; y, por otro lado, la prohibición de utilizar los derechos recaudados y sus rendimientos de su inversión para fines distintos a su reparto a los titulares de los derechos, salvo para compensar sus descuentos de gestión o financiar las actividades asistenciales y promocionales de la entidad, por lo que la debe suprimir el contenido del artículo 92, apartado, 1 letra d).

Mientras tanto, la SGAE debe abstenerse de considerar como recursos económicos los rendimientos de las inversiones financieras y de los bienes de la entidad que deberán ser destinados al reparto a sus miembros o para deducir o compensar sus descuentos de gestión y el importe destinado a financiar las actividades y servicios previstos en el artículo 178 del TRLPI, de conformidad con las decisiones adoptadas en su asamblea general.

 

  • Referente al descuento de administración.

 El Ministerio resuelve que la SGAE debe en relación con el artículo 94 de sus estatutos, relativo al descuento de administración, añadir al apartado 1 la mención a que “los descuentos de gestión no superarán los costes justificados y documentados en los que haya incurrido la entidad de gestión en la gestión de los derechos de explotación y otros de carácter patrimonial”; y suprimir el contenido del apartado 2, que faculta a la Junta a aplicar descuentos de administración distintos a distintos socios.

Mientras tanto, la SGAE no puede aplicar un descuento de gestión a ninguno de sus miembros, sean cuales sean los derechos cuya gestión le encomiende, distinto del que derive de los costes justificados y documentados en los que haya incurrido la SGAE por la gestión de esos derechos.

 

  • Referente al reparto del Pendiente de Identificar

La SGAE destina las cantidades provenientes de obras no identificadas y no reclamadas en el plazo previsto de cinco años, entre otras finalidades, a incrementar proporcionalmente el reparto a favor del resto de obras gestionadas por la Sociedad, debidamente identificadas, pero la LPI determina que debe aclarar que se trata de incrementar el reparto a favor de las que sí fueron debidamente identificadas “en el proceso de reparto de donde provienen dichas cantidades”.

Mientras no se modifique ese artículo, la SGAE solamente puede utilizar las cantidades prescritas a acrecentar las obras que sí fueron identificadas en el mismo proceso de reparto de donde provienen dichas cantidades prescritas.

 

  • Referente al reparto de cantidades procedentes de acuerdos de reciprocidad.

Los Estatutos de la SGAE no recogen el obligado cumplimiento de repartir los derechos provenientes de acuerdos de reciprocidad, en el plazo máximo de seis meses desde su recepción, por lo que debe incluirlo en sus estatutos. Mientras tanto, deberá respetar, en todo caso, ese plazo máximo de reparto de conformidad con lo previsto en el TRLPI.

 

  • Referente a la auditoría de cuentas.

El artículo 115.2 de los estatutos de la SGAE tampoco ha sido modificado para adaptarlo al TRLPI, limitando el informe de los auditores al informe anual sobre las cuentas de la entidad.

El Ministerio resuelve a este respecto que la SGAE debe mencionar expresamente en este artículo de sus estatutos, el informe adicional que han de realizar los auditores en los términos que indica el TRLPI. Mientras tanto, la SGAE debe recordar al auditor de sus cuentas la obligación de emitir un informe adicional sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 175, apartados 3 y 5 (esto es, separación en cuentas de los derechos y activos de los miembros, y de las inversiones sobre esos derechos, respecto de los que son propios de la entidad) y en el artículo 177.5 (separación en las cuentas de las cantidades pendientes de recaudación) del TRLPI.

 

  • Conclusiones

 A la vista de lo expuesto, que la Junta Directiva presuma de la aprobación de los estatutos por parte del Ministerio de Cultura, nos parece arriesgado, ya que como hemos podido comprobar se trata de una verdad a medias o incluso de una mentira, si lo que han pretendido con su comunicado ha sido engañar a los socios.

Lo que queda claro, y sí que es verdad, es que la Junta Directiva ha hecho mal sus deberes, que falta a la verdad cuando anuncia el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por la CISAC, que la SGAE sigue expulsada de dicho organismo y que queda mucho por corregir para que los Estatutos estén adaptados al TRLPI, tal y como requiere el Ministerio de Cultura, exige la CISAC y reclaman los propios socios de la Entidad que una vez más asisten atónitos a un nuevo despropósito de la actual Junta.

 

Nos queda mucho de lo que hablar.

La convocatoria de las elecciones también tiene mucha miga, empezando por la fecha de la convocatoria, pero lo dejamos para un próximo informe.

Continuará…

 

Coalición Autoral, CoA, a 30 de mayo de 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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