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Sobran motivos para intervenir la SGAE

Pilar Jurado no ha dado «ningún paso» para frenar la intervención del Ministerio de Cultura.

Pilar Jurado no ha dado «ningún paso» para frenar la intervención del Ministerio de Cultura.

Tras el comunicado emitido por la SGAE el pasado 12 de marzo y el posterior “desayuno” celebrado con la prensa el viernes 22, es importante aclarar lo que el Ministerio requirió a la entidad, lo que su presidenta afirma que han hecho y cual es la situación real en estos momentos.

El 27 de septiembre de 2018 el Ministerio de Cultura y Deporte acordó apercibir a la SGAE en los términos de los artículos 149 y 192.9 del TRLPI para que en el plazo de tres meses subsanase los siguientes incumplimientos graves, como paso previo a solicitar autorización judicial para proceder a la intervención de la SGAE.

  • Los requerimientos del Ministerio eran los siguientes:

1.- Presentar, ante el Ministerio de Cultura y Deporte, la solicitud de aprobación de modificación de sus estatutos, para su adecuación al vigente TRLPI, previamente aprobada por su asamblea general, según lo establecido en el artículo 155.i.b) del TRLPI.

2.- Constituir una junta directiva de la entidad de gestión, a través de un procedimiento que garantice el respeto de todos los derechos reconocidos a sus miembros en el TRLPI y en la Directiva 2014/26/UE, incluido el derecho de los miembros a comunicarse por vía electrónica con la entidad, el cual incluye el ejercicio del derecho del voto por dicha vía.

3.- Adoptar las medidas necesarias, que permitan que los repartos realizados en el ejercicio 2018, de los derechos por la comunicación pública de obras de su repertorio en televisión, cumpla con lo establecido en el TRLPI, incluyendo la necesidad de que el reglamento de reparto aplicable haya sido ratificado por la asamblea general de la entidad.

  • El 12 de marzo la SGAE informaba que la Junta Directiva había aprobado estos tres puntos:

1.- La elaboración de unos nuevos Estatutos, para lo cual se decidió convocar al grupo de trabajo de Estatutos y Reglamento para trabajar en unos nuevos Estatutos, que serán enviados a la mayor brevedad al Ministerio de Cultura.

2.- El voto electrónico con cualquiera de sus múltiples opciones (DNI electrónico, certificado digital y claves notificadas), que faciliten a todos los socios su participación.

3.- Por último, se acordó la creación de un grupo de trabajo para llegar a un acuerdo con el reparto de los derechos de comunicación pública de TV de diciembre de 2018, pendiente de aprobación por la Asamblea General, al que serán convocados miembros de OPEM (editoriales multinacionales), ANAEM (autores y editores de televisión), consejeros de SGAE y un representante del Ministerio de Cultura.

El viernes 22 Pilar Jurado defendió en “Rueda de prensa” que la mayoría de los problemas están resueltos y que eso era suficiente para frenar la intervención del Ministerio de Cultura.

  • La cruda realidad es que han pasado seis meses desde el apercibimiento y que la SGAE continua sin cumplir ninguno de los requerimientos, y que a pesar de los comunicados y las declaraciones de su Presidenta, ninguno de los problemas ha sido resuelto:

1.- La SGAE continúa sin adaptar  sus Estatutos a la legislación vigente.

Tanto en junio, bajo la presidencia de Fernández Sastrón, como en diciembre siendo presidente Hevia, se presentaron sendas propuestas de Estatutos pero la asamblea de socios los tumbó y puede volver a tumbarlos, si es que Pilar Jurado llega a convocar una Asamblea.

2.- La Junta Directiva ha sido constituida mediante un sistema que no ha permitido el voto electrónico.

El apercibimiento ministerial de junio del 2018 amenazaba de intervención si no se habilitaba el voto electrónico en las siguientes elecciones y no se hizo, de modo que aún existe el incumplimiento ya que no se han celebrado ni se han convocado otras elecciones, ni da la impresión de que haya intención de hacerlo.

3.- Los repartos realizados en 2018 no se ajustan a la ley y deben ser revertidos.

 Los repartos de los derechos por la comunicación pública de obras de su repertorio en televisión, realizados en junio y en diciembre no cumplen con lo establecido en la Ley de Propiedad Intelectual.

El 14 de abril de 2018 entraba en vigor el Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril, que establecía que las normas de reparto deberán ser ratificadas por la Asamblea General.

Sin embargo, en mayo de 2018, la Junta Directiva presidida por Fernández Sastrón, acordó eliminar el límite existente en ese momento para la franja nocturna, y subir la valoración de algunas modalidades como sintonías o caretas, que se aplicaron en el reparto de junio, a pesar de que el Ministerio envió a la SGAE un requerimiento donde advierte que la Asamblea debe ratificar las modificaciones de su Reglamento de reparto y le recuerda que el reparto de derechos del mes de junio tiene que efectuarse conforme al sistema de reparto en vigor a fecha 14 de abril de 2018.

Tras las elecciones de octubre, La Junta presidida por Hevia acuerda realizar el reparto de diciembre en los mismos términos que el de junio y los socios rechazaron el mismo en la Asamblea celebrada el 27 de diciembre, sin que el reparto haya sido subsanado.

Por último, la Junta presidida por Pilar Jurado lejos de aplicar la Ley y revertir los repartos de 2018, ha acordado la creación de un grupo de trabajo para llegar a un acuerdo con el reparto de los derechos de diciembre de 2018, ignorando el de junio, y ha convocado a formar parte de ese grupo a la Asociación ANAEM, integrada por editores y autores de televisión y a la que pertenecen varios miembros de la actual Junta, ignorando al resto del colectivo autoral.

  • Conclusión

Sin entrar a valorar otros aspectos de su presidencia, como ceses y nombramientos de cargos directivos – con sus respectivas indemnizaciones y blindajes- los desorbitados gastos en dietas o los impedimentos puestos para frenar la labor de la comisión deontológica que amenaza a 14 directivos por conflictos de intereses; todos alineados con las editoriales televisivas; es evidente que la SGAE no ha subsanado ninguno de los requerimientos, y debemos confiar que la Audiencia Nacional se pronuncie lo antes posible para autorizar la intervención ministerial.

 

 

 

22 de marzo de 2019.

Coalición Autoral

 

 

 

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